Los escándalos contables que han protagonizado algunas sociedades cotizadas en bolsa de valores han socavado la confianza de los inversores en la información financiera y en los mecanismos de gobierno de las empresas. Las autoridades económicas han reaccionado con rapidez promulgando leyes tendentes a reforzar la responsabilidad de administradores y directivos, así como a mejorar la accesibilidad y fiabilidad de la información financiera.
Es posible analizar en primer lugar, los efectos que estos escándalos han tenido en la liquidez del mercado de valores y, en segundo lugar, examinar, desde la misma perspectiva, si las medidas legislativas adoptadas han contribuido a reducir el riesgo de información y la asimetría informativa entre los participantes en el mercado, mejorando de esta forma la liquidez. En relación al primero de los puntos, constatan que los escándalos contables han tenido un efecto negativo en la liquidez, aumentando los costes de transacción, medidos por la horquilla de precios, reduciendo la profundidad e incrementando el porcentaje de la horquilla que refleja el riesgo de negociar con participantes mejor informados (componente de selección adversa).
A continuación examinan los efectos de la ley Sarbanes-Oxley, aprobada por el gobierno norteamericano en Julio de 2002. El objetivo de esta ley es reducir el riesgo de que la información publicada por las empresas sea insegura, incompleta o equivocada.
Para ello impone nuevas obligaciones a todos los implicados en el proceso de producción, certificación y análisis de la información financiera de las sociedades. A las propias compañías les obliga a crear un comité de auditoría formado por consejeros independientes con facultades para designar, supervisar, y destituir al auditor externo, y les prohíbe conceder préstamos a sus administradores y directivos. A los responsables de las empresas les obliga a preparar las cuentas anuales y periódicas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, a devolver los bonus y opciones sobre acciones en caso de manipulación de la información financiera. Además, a los directores general y financiero les obliga a certificar las cuentas anuales y trimestrales.
Por otra parte, al auditor externo se le prohíbe prestar simultáneamente a la misma empresa servicios distintos de auditoria, aud itar una sociedad cuyo CEO, CFO o jefe de contabilidad haya estado empleado en la firma auditora, y se le obliga a rotar cada cinco años. Se imponen también obligaciones a los analistas financieros y bancos de inversión para evitar conflictos de intereses que puedan sesgar la información.
Los autores comprueban que estas medidas legislativas han mejorado sensiblemente la liquidez del mercado de valores, reduciendo los costes de transacción y la parte del mismo que compensa a los inversores por el riesgo de negociar con participantes mejor informados, así como aumentando la profundidad y con ello las posibilidades de negociación. En definitiva, demuestran que las medidas legislativas adoptadas han tenido éxito a la hora de restablecer la confianza de los inversores en el gobierno de las empresas, en la información financiera que difunden y en la función de auditoria. A la vista de estos resultados las autoridades económicas parecen haber actuado correctamente al no confiar en las posibilidades del propio mercado para corregir sus propios excesos.
Es importante señalar que aunque esta ley fue aprobada en los Estados Unidos a sido de difusión mundial y casi todos los gobiernos y empresas la han acatado como propia ya que esta da pautas muy importantes tanto para el control interno como para las auditorias externas.
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